Qué entiendo por ruido "legal" y cuestiones conexas

#1
Al margen de los municipios de Madrid y Barcelona, historicamente el resto de los municipios los municipios y demás entidades de régimen local tenían parte de competencia en materia de ruidos y vibraciones. Véase por ejemplo .
  • Decreto de 17/6/1955 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. (en su artículo 1º, reconoce a los Ayuntamientos la potestad de intervenir la actividad de los administrados, en defensa de la tranquilidad).
  • Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas. (atribuye a los Alcaldes la competencia de otorgar licencias sometidas al control de molestias por ruido). (esta norma constituye la primera reglamentación general del ruido, de obligada observancia).
  • Decreto 2107/1968, de 16 de Agosto, sobre el Régimen de poblaciones con altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruido o vibraciones (BOE de 03-09-68) (dispone que los municipios con problemas ruidosos elaboraran Ordenanzas que pudieran ser aplicadas por zonas.).
Al llegar el régimen constitucional, la cosa giró un poco, empezaron a dictarse ordenanzas de carácter complementario en virtud del art. 28 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local amparándose en que la Ley 14/1986, de 26 de Abril General de Sanidad actuaba como garante de la autonomía local dictando que debe reservarse algo en materia de ruido y vibraciones a favor de los Ayuntamientos y en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección de la contaminación atmosférica en el que se calificaba al ruido como elemento contaminante.
A día de hoy (25.08.2006), los arts. 45, 53, 149.1.23 y 148.1.9 de la Constitución Española y los arts. 80, 95, 156 y 175 del Tratado de la Unión Europea organizan, entre otros, la acción de los poderes públicos en esta materia y concretamente la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, con su desarrollo ; y dentro de la CCAA de Andalucía la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, con su desarrollo y dentro de los municipios, la Ordenanzas Municipales pertinentes moduladas por las anteriores definen el marco jurídico en el que los Ayuntamientos ejercen su competencia en materia de inmisión de ruidos y vibraciones.
Y como no puede ser de otra forma, dado que la competencia es el primer presupuesto para determinar la validez del acto administrativo y por ello la incompetencia es motivo mayor para provocar su nulidad. El vicio competencial convierte el acto en invalido unicamente en base a estos dos supuestos:
· por vicio de nulidad en el caso de ausencia de competencia administrativa (Derivadas de la organización territorial del estado)
· por vicio de nulidad o anulabilidad, según su caso, por ausencia de competencia orgánica (Derivadas de la organización propia de cada una de las anteriores, en órganos y en unidades administrativa).
Por lo que existen determinadas materias sobre las que los Ayuntamientos les corresponde únicamente inhibirse en favor de la administración competente.
En este punto, debemos señalar, que aun cuando la Ley 37/2003 tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, y que esta ultima viene definida independientemente del emisor que lo origine. Como no puede ser de otra forma, solamente son considerados como presupuesto de hecho sujeto a infracción:
1. Los ruidos los producidos por la actividad humana indicados en el art. 12.2 de la Ley 37/2003 (Ruidos del transporte terrestre y aéreo, así como sus infraestructuras, el de las obras, el de la maquinaria y equipos, de las actividades industrial, de las actividades comerciales que incluye el mantenimiento, crianza y/o cebado de los animales de renta, el de las actividades lúdicas y las infraestructuras portuarias),
2. Los que en su momento dicte el Gobierno en virtud del art. 12.3.
3. Así como los que dicten las ordenanzas en relación con tasadas conductas de los ciudadanos tanto en la vía publica como en el marco de las actividades domesticas propias.
Por ejemplo, se encontrarían indiscutibles dificultades a la hora de atacar problemas de ruido con la Ley 37/2003 derivados de manifestaciones de la libertad ideológica, religiosa o de culto, del derecho de reunión pacifica y sin armas, la creación de centros docentes, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación de bienes sin impedimentos directos e indirectos a la hora de implantar medidas de autocontrol, la actividad administrativa, los ruidos naturales (agentes atmosféricos, oleajes, los producidos por las personas, los producidos por animales de compañía y fauna silvestre, etc.). Las actividades militares y la actividad laboral también estarían excluidos de su ámbito de aplicación.

Concluyo, en definitiva hay que distinguir entre:
1. Los problemas de ruido provocados por los emisores dados en el art. 12 y sancionados por el art. 29 de la Ley 37/2003, de los
2. Los problemas de convivencia provocados por la mala educación de las personas que debierán venir tasados y sancionados en las Ordenanzas Municipales.
Y opino, las potestades legislativas y reglamentarias, reconocidas en el art. 149.1.23 de CE de facultar a las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección están perfectamente delimitadas en texto articulado de la Ley 37/2003 del ruido, por lo que además, la ley ha servido para poner pie en pared e inhibir el intento de arrebatar competencias municipales por parte de las CCAA.
 
Arriba