Sobre la nulidad de los planes urbanísticos

paules

Diamante
Enlazo este documento por creer que puede ser de interés y, quizá, motivo de debate.

No he tenido tiempo de leer con detenimiento, a pesar de ello, de lo que he leído me ha parecido observar que es un canto de sirena a favor de un cambio de criterio jurisprudencial de los requisitos procedimentales para la declaración de nulidad de pleno derecho de los planes, por las nefastas consecuencias que, en opinión del autor, conllevan.

Nulidad del planeamiento urbanístico e invalidez de los actos amparados en el mismo. Atención especial a las nuevas iniciativas legislativas al respecto.
http://www.nuevoderechourbanistico....12/DA-5-2018-NULIDAD-PLANEAMIENTO-SANFIEL.pdf
 
El de Toledo se declaró nulo después de tiempo, y se montó buen pifostio para legalizar lo que se había hecho en base al mismo.
 

Trasgo

Platino
Pues a mí me parece muy interesante que se anulen. Se suelen anular porque no se realizan las exposiciones públicas, se omiten informes, se incumple flagrantemente derechos de los ciudadanos y normativas sectoriales diversas, etc. En estos casos deben anularse, e incluso debería inhabilitarse a los responsables de tales actuaciones exigiendo responsabilidad patrimonial.

En otros casos debido a demoras, retrasos, largos procedimientos, etc., el planeamiento nace con una serie de carencias que deben ser subsanadas, una suspensión temporal o parcial del planeamiento suele o debe ser lo que dictamine o valore el Sr juez, si el defecto tiene solución.
 

paules

Diamante
Con el argumento de un defecto formal, cual es la inexistencia del informe que analice la incidencia en la igualdad entre los sexos, sin acreditar el concreto menoscabo para las mujeres, ni los perjuicios reales que para el desarrollo de sus actividades produce la carencia de dicho informe, es suficiente para estimar un recurso y declarar la nulidad absoluta de un PGOU un juez.

De acuerdo que es un vicio esencial, como lo es la aprobación del Plan General de un municipio afectado por la Ley de Costas, sin llevar incorporado al expediente el preceptivo y vinculante informe de la Administración competente, pero, y creo que va en ese sentido la tesis del autor enlazado, el TS en una muy reciente sentencia de casación declara la nulidad parcial de un PGOU por entender que el acto jurídico nulo puede individualizarse, argumentando:

"De lo expuesto en los anteriores fundamentos hemos de concluir que los vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los Planes de Urbanismo comportan la nulidad de pleno derecho de todo el Plan impugnado, sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del Plan con una ulterior subsanación. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que el vicio apreciado para la declaración de nulidad pueda individualizarse respecto de un determinado ámbito territorial del Plan o concretas determinaciones, sin que tenga relevancia alguna respecto del resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto de esas concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento"
 

JCM

Plata
Para mi gran parte del problema radica que el urbanismo se ha convertido, o se le quiere convertir, en el Gran Hermano de la sociedad actual y se le cuelgan todo tipo de cuestiones que habría que ver si están o no y en qué medida relacionadas con el urbanismo, al menos a nivel de PGOU, lo que convierte a los planes en tremendos artefactos administrativos que cuando vienen a ser aprobados ya no reflejan el modelo de ciudad que pretendieron establecer, menos aún en los tiempos actuales que lo que era válido hace dos años es cuestionable hoy.

Quizá los PGOU deberían ser documentos de directrices generales que marcasen ciertos (y pocos) criterios de forma muy clara y dejar al planeamiento de desarrollo, que estará más próximo en tiempo y ubicación a los problemas específicos del ámbito, la resolución de los pormenores.

Los jueces son jueces, no urbanistas.
 

paules

Diamante
El urbanismo ha sido desde la entrada en vigor de Ley del suelo de 1975 una fuente de continuas colisiones entre Estado y CC. AA. cuyo objeto no ha sido nunca el ciudadano y sus derechos, sino el de dirimir judicialmente la distribución de competencias entre ambos poderes. En la regulación de la actividad administrativa en materia de urbanismo vencieron las CC. AA,, sin embargo, por poner un ejemplo, en cuestiones interpretativas de las determinaciones de la Ley de Aguas respecto a las competencias para garantizar la suficiencia y disponibilidad de agua para nuevos desarrollos que la precisen, el TS se ha visto en la obligación de declarar nulos planeamientos aprobados sin el informe del Órgano de Cuenca, revocando criterios de tribunales superiores que consideraban válidos los emitidos por empresas suministradoras.

Por otro lado, creo que las CC. AA. han errado cediendo a las presiones de ayuntamientos "importantes" otorgándoles competencias que siempre le han sido propias. Pasar de controlar las variaciones del planeamiento aprobadas por aquellos a una situación en la que con una mera comunicación y respectivo enterado, en base a una facultad otorgada a ayuntamientos que cumplan determinados requisitos para actuar bajo el eufemismo de "modificaciones aisladas de escasa entidad", puede servir para justificar abusos a los ayuntamientos que dudo estén dispuestas atajar las CC. AA.

Y no digamos de la utilización de los planes generales para la discrepancia política pura y dura. Son una forma de imponer la ideología de la mayoría sobre la minoría con el consiguiente peligro de confundir la potestad discrecional con arbitrariedad y en esos casos el control de los jueces es imprescindible.
 
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